Por decisión del Ejecutivo, fue suprimido el fondo presupuestario que permitía el acceso gratuito al transporte público para menores diagnosticados con cáncer y ciudadanos con discapacidad. La medida obedece a una evaluación oficial que considera inviable el sostenimiento de estas transferencias.

El Gobierno señaló que, a pesar de la derogación del mecanismo de financiamiento, la gratuidad se mantiene como un derecho exigible conforme a la normativa vigente. Sin embargo, la inexistencia de presupuesto específico plantea desafíos para su concreción operativa.

Dos sectores resultan directamente afectados: infantes sometidos a quimioterapia y personas portadoras de discapacidades diversas acreditadas. Para ambos colectivos, este beneficio representaba una herramienta concreta de inclusión social y alivio económico.

La administración fundamentó su decisión sosteniendo que las compensaciones previstas en resoluciones anteriores «carecen de sustento». Esto implica que el Estado entiende que no había justificación válida para mantener estas asignaciones presupuestarias.

Ahora el desafío pendiente es establecer cómo se garantizará la gratuidad anunciada como vigente sin contar con fondos que la respalden. Distintas áreas gubernamentales se encuentran en proceso de diseñar soluciones que eviten la eliminación práctica del beneficio.

Empresas de transporte, que recibían reembolsos periódicos del Estado, deberán esperar indicaciones sobre los procedimientos futuros para que se reconozcan los costos de pasajes no pagados. Esta situación genera incertidumbre operativa en el sector.

Movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos de personas con discapacidad mantienen vigilancia sobre el tema. Se prevé que presentarán planteos formales en caso de que el derecho declarado como vigente no pueda ejercerse efectivamente.

Imagen: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels – Con informacion de La Nación