La confesión de la constructora brasileña sobre el pago de sobornos en varios países puso bajo la lupa contratos de obra pública en Argentina y derivó en investigaciones que aún hoy tienen consecuencias judiciales.

A comienzos de 2017, el escándalo Odebrecht desembarcó formalmente en la Argentina. La empresa brasileña admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos para obtener contratos en distintos países de América Latina, incluyendo la Argentina. La revelación abrió una serie de investigaciones sobre obras públicas adjudicadas durante los gobiernos kirchneristas.

Las sospechas se concentraron en proyectos de infraestructura de gran magnitud, entre ellos gasoductos y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Con el paso de los años, la causa avanzó sobre exfuncionarios y empresarios vinculados a esas licitaciones. Recientemente, el fiscal Diego Luciani acusó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de haber favorecido a Odebrecht en procesos licitatorios vinculados a la construcción de gasoductos.

Casi una década después de las primeras revelaciones, Odebrecht sigue siendo sinónimo de uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina. Las investigaciones judiciales continúan y el caso permanece asociado a denuncias por direccionamiento de contratos, pago de sobornos y presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

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