Un fondo creado mediante ley para frenar inundaciones está siendo utilizado para financiar necesidades generales del Tesoro Nacional, dejando sin ejecutar las obras que deberían implementarse. El dinero está disponible en las arcas estatales, pero permanece sin ser invertido en su destino original debido a la falta de decisión política.

La cuestión no es de escasez de recursos. Los números presupuestarios muestran disponibilidad de fondos suficientes para enfrentar la problemática de las inundaciones. El verdadero obstáculo radica en la ausencia de voluntad administrativa para canalizar estos recursos hacia proyectos de prevención y contención de desastres hídricos en distintas regiones.

Este desvío de fondos refleja una prioridad política establecida implícitamente: el sostenimiento del Tesoro por encima de la mitigación de riesgos que afectan a comunidades enteras. Mientras las partidas presupuestarias permanecen sin ejecutar, la vulnerabilidad ante inundaciones sigue siendo una realidad para múltiples territorios del país.

La normativa legislativa creó un mecanismo específico para resolver este problema, asignando recursos y estableciendo propósitos claros. Sin embargo, la ejecución de esa legislación nunca llegó a concretarse plenamente. Las obras siguen pendientes, los fondos siguen disponibles, y la brecha entre lo prescripto y lo realizado continúa ampliándose, evidenciando un problema fundamentalmente político en lugar de económico.

Imagen: Nataliya Vaitkevich / Pexels – Con informacion de Clarín Rural