Las provincias que adhieran podrán bloquear los teléfonos detectados dentro de sus cárceles para impedir que los presos los utilicen para coordinar delitos, estafas o extorsiones. Las empresas de telefonía tendrán hasta 48 horas para ejecutar el bloqueo solicitado. 

El Gobierno nacional oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en establecimientos penitenciarios, una medida que permitirá extender a las cárceles provinciales el sistema destinado a impedir el uso ilegal de celulares por parte de los internos. 

La iniciativa fue establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional e invita a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse mediante un convenio específico. 

El sistema permitirá identificar los celulares activados dentro de sectores restringidos de las cárceles y bloquear tanto el dispositivo como la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada. De esta manera, incluso si se cambia el chip, el equipo detectado podrá permanecer inhabilitado. 

Cada jurisdicción adherida deberá detectar y reportar los dispositivos encontrados dentro de sus establecimientos. El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como ventanilla única y trasladará formalmente las solicitudes a las compañías telefónicas, que tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar el bloqueo. 

El objetivo central es evitar que los celulares ingresados o utilizados ilegalmente dentro de las cárceles puedan convertirse en herramientas para organizar delitos desde prisión. El programa amplía así a los establecimientos provinciales una estrategia que ya había comenzado a implementarse en el sistema penitenciario federal.