Inspectores de la Secretaría de Trabajo de Nación se presentaron tras las huelgas en cuatro escuelas pampeanas para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declaró a la educación como servicio esencial y estableció que, ante conflictos colectivos, debe garantizarse al menos el 75% del servicio educativo. Según confirmó Claudia Calderón, de UTELPa, “no se les permitió el ingreso”. La normativa busca reducir el impacto de los conflictos laborales sobre la continuidad educativa de los alumnos pampeanos.

La continuidad de las clases volvió a quedar en el centro de la discusión educativa en La Pampa. Durante el paro nacional docente del 3 de agosto, inspectores de la Secretaría de Trabajo se presentaron en cuatro establecimientos de la provincia con el objetivo de verificar qué nivel de prestación se estaba garantizando.

Las inspecciones alcanzaron a las escuelas 105, 217, 254 y 255. Sin embargo, los funcionarios no pudieron realizar la constatación dentro de los establecimientos. Claudia Calderón, de UTELPa, confirmó que “no se les permitió el ingreso” y sostuvo que los inspectores no tenían jurisdicción ni legitimidad para efectuar esos controles.

La intervención se produjo en una jornada en la que, según la dirigente sindical, el acatamiento al paro en La Pampa superó el 95%. La administración de las escuelas y la definición de los salarios docentes corresponden principalmente a las jurisdicciones provinciales, un punto que vuelve relevante el papel de cada provincia a la hora de garantizar el funcionamiento cotidiano de su sistema educativo.

La Ley 27.802 incorporó la educación de nivel inicial, primario y secundario, además de la educación especial, dentro de los servicios esenciales y estableció que, ante conflictos colectivos, la cobertura no puede ser inferior al 75% de la prestación normal.

El objetivo de ese piso es que una medida de fuerza no implique la interrupción total de un servicio que excede el dictado de contenidos: para miles de familias, la escuela también organiza la rutina diaria y cumple funciones de acompañamiento, alimentación y contención.

El episodio ocurrido en La Pampa dejó así un dato concreto: frente a un paro con un acatamiento informado superior al 95%, el intento de verificar en cuatro escuelas qué nivel de servicio se estaba garantizando no pudo concretarse dentro de los establecimientos.