El proceso prevé transferir al sector privado el 90% de las acciones actualmente en manos del Estado y establecer compromisos obligatorios de inversión, expansión y calidad del servicio. El futuro operador deberá extender las redes para incorporar a más usuarios, mientras las inversiones serán controladas por el ERAS y auditadas de manera independiente.

El proceso de privatización de AySA avanzó con la apertura de las ofertas técnicas para seleccionar a un operador estratégico. El esquema contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la compañía, actualmente en manos del Estado Nacional, mientras que el 10% restante continuará perteneciendo a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Uno de los principales puntos del nuevo modelo será la obligación de invertir y ampliar las redes de agua potable y saneamiento. El futuro operador deberá cumplir con objetivos establecidos en el contrato de concesión relacionados con inversiones, expansión de la cobertura y calidad de la prestación.

La ampliación de las redes busca alcanzar especialmente a los sectores que todavía permanecen fuera del sistema. Según los datos difundidos por el Gobierno, un tercio del área concesionada aún no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, pese a que entre 2006 y 2023 la empresa recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro Nacional. El Ejecutivo también informó que el agua no contabilizada se mantiene en torno al 42%.

El nuevo esquema mantendrá además mecanismos de supervisión pública. El cumplimiento de las obligaciones será controlado anualmente por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y las inversiones financiadas por la concesionaria deberán ser certificadas por un auditor técnico independiente.

En materia tarifaria, las condiciones del proceso establecen que durante el período previsto el nivel tarifario vigente al momento de la presentación deberá mantenerse constante en términos reales, mientras se ejecutan los compromisos establecidos para el servicio.

De esta manera, el proceso plantea pasar a un modelo de operación privada bajo regulación y supervisión pública, en el que la expansión de la infraestructura y el cumplimiento de las inversiones quedarán incorporados como obligaciones del futuro concesionario. El objetivo declarado es aumentar la cobertura y sumar a más hogares a las redes de agua potable y cloacas.