La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incorpora límites a la intervención de actores extranjeros en campañas y procesos políticos, en contraste con una etapa anterior marcada por restricciones presupuestarias en Defensa.

La política de defensa y soberanía argentina atraviesa un nuevo capítulo con el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que incorpora herramientas para limitar la intervención de actores extranjeros en asuntos considerados estratégicos y proteger al país frente a amenazas externas. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre y se estructura, según la comunicación oficial, en tres pilares vinculados con recursos naturales, incentivos para frenar actividades ilegítimas y nuevas herramientas de protección estatal. 

Uno de los ejes de la iniciativa apunta a establecer restricciones frente a la injerencia extranjera en campañas y procesos políticos, ampliando las herramientas disponibles para actuar ante acciones financiadas u organizadas desde el exterior que busquen incidir sobre cuestiones internas. La propuesta se inscribe dentro de un paquete más amplio de medidas presentado por el Ejecutivo bajo el concepto de defensa de la soberanía nacional. 

El planteo marca un contraste con el escenario presupuestario de Defensa durante la administración anterior. En el Presupuesto 2023, la función Defensa recibió $541.630 millones, equivalentes al 2,1% del gasto primario nacional presupuestado. Durante el debate legislativo de aquel presupuesto hubo cuestionamientos opositores por el nivel de financiamiento militar, aunque el propio Presupuesto Ciudadano señalaba como prioridades el alistamiento operacional y la inversión y equipamiento de las Fuerzas Armadas. 

La nueva estrategia no se limita al plano militar. En septiembre, el Ejecutivo también creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior, que obliga a organismos nacionales a informar a Cancillería sobre determinadas gestiones con autoridades extranjeras cuando puedan incidir en la política exterior, negociaciones diplomáticas o intereses internacionales de la Argentina. La norma menciona expresamente las cuestiones relacionadas con Malvinas y la soberanía sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes. 

De esta manera, el proyecto busca ampliar el concepto de defensa de la soberanía hacia terrenos económicos, políticos, diplomáticos y estratégicos, incorporando mecanismos para responder no solamente ante actividades sobre recursos naturales, sino también frente a formas de intervención externa que el Estado considere capaces de afectar sus intereses soberanos.