Una institución clave en la red de salud comunitaria enfrenta una crisis de capacidad. El centro Madre Teresa de Calcuta, especializado en atención de niños con discapacidad y sin cobertura médica, ya no logra responder al flujo de familias que solicitan sus servicios.

El establecimiento atiende a menores de hasta 11 años provenientes de sectores sin acceso a sistemas de salud formales. Su funcionamiento gratuito lo convierte en un recurso invaluable para familias vulnerables que de otro modo carecerían de alternativas. Sin embargo, esa demanda social creciente ha comenzado a fracturar sus límites operativos.

Quien fundó la institución expresa su preocupación de manera clara: «Ya no podemos atender a todos los que vienen». Detrás de esa declaración hay una realidad cotidiana de turnos insuficientes, listas de espera interminables y profesionales trabajando a máxima capacidad.

El problema no es menor. Cada familia en lista de espera representa un niño cuya evaluación o tratamiento se retrasa. Cada demora impacta en el desarrollo y la calidad de vida de menores que ya enfrentan desafíos significativos por sus condiciones de salud.

La situación del Madre Teresa de Calcuta evidencia una brecha estructural en las políticas de salud. Mientras el Estado no implementa soluciones integrales para la atención de niños con discapacidad, organizaciones comunitarias se ven obligadas a actuar como sistemas de contención complementarios, trabajando con recursos insuficientes.

Esta realidad plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto puede exigirse a instituciones sin fines de lucro que funcionan con voluntarismo y donaciones, cuando sus responsabilidades serían de orden estatal?

Imagen: Polina Tankilevitch / Pexels – Con informacion de La Nación