La Fundación Cambiando Vidas recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa para programas destinados a niños y adolescentes. En distintas actuaciones, el Tribunal de Cuentas detectó subsidios sin rendición, documentación incompleta, gastos sin acreditar y pagos observados a autoridades de la entidad. Las resoluciones acumularon reclamos por más de $314 millones y el organismo también ratificó una advertencia a la Subsecretaría de Niñez del Gobierno de La Pampa por incumplimientos en sus obligaciones de control.

La Fundación Cambiando Vidas recibió subsidios públicos del Gobierno de La Pampa para tareas de contención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pero una serie de actuaciones posteriores del Tribunal de Cuentas detectó problemas reiterados en la rendición de esos recursos.

El punto más significativo aparece en los últimos subsidios analizados. Según confirmó María Alejandra Mac Allister, presidenta del Tribunal de Cuentas, “en las últimas rendiciones no aportaron ninguna prueba”. El organismo intentó además notificar a las autoridades de la fundación en los domicilios registrados y, al no obtener respuestas, debió recurrir a edictos antes de dictar las sentencias correspondientes.

Solo en seis sentencias correspondientes a subsidios de 2024, el Tribunal determinó que no se habían presentado las rendiciones de cuentas y formuló cargos por $236,8 millones. Al sumar actuaciones anteriores por rendiciones irregulares, el monto total reclamado a la entidad y sus responsables supera los $314 millones.

Las observaciones no se limitaron a la ausencia total de rendiciones. En otros expedientes aparecieron pagos de remuneraciones a integrantes de la conducción, gastos sin respaldo suficiente y documentación defectuosa. Los cargos alcanzaron solidariamente a Jonatan Gabriel Coria, presidente de la fundación; Alexia Andrea Márquez y Matías Germán Stemphelet.

El caso también puso bajo análisis los controles ejercidos por el Estado provincial mientras se otorgaban los subsidios. En una de sus sentencias, el propio Tribunal sostuvo que la autoridad ministerial no había realizado el debido control que le correspondía sobre el cumplimiento de los convenios y de las normas aplicables.

El convenio entre Desarrollo Social y Cambiando Vidas había sido ratificado en enero de 2024 y habilitaba al Ministerio provincial a otorgarle subsidios de hasta $50 millones mensuales. Incluso en diciembre de ese año se dispuso un nuevo aporte por $50 millones, cuya normativa establecía un plazo de 90 días para presentar la rendición ante la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Las resoluciones del Tribunal establecen responsabilidades administrativas y reclamos de devolución. No implican, por sí mismas, una condena penal ni permiten afirmar que la totalidad de los fondos haya sido sustraída, pero sí documentan que hubo recursos públicos que no fueron rendidos en los términos exigidos y deficiencias de control señaladas por el organismo provincial.