Una tragedia climática se desplomó sobre el noroeste europeo durante junio. En el transcurso de siete días, una ola de calor de proporciones históricas arrebató aproximadamente 16.000 vidas, poniendo al desnudo la desprotección de regiones que presumían de altos estándares de calidad de vida y sistemas de salud avanzados.

El noroeste del continente se convirtió en la zona más crítica del fenómeno. Las temperaturas extremas llegaron sin previo aviso efectivo y los gobiernos descubrieron que sus planes de contingencia eran inadecuados. Los países afectados carecían de experiencia previa manejando emergencias sanitarias de esta magnitud vinculadas al clima extremo.

Durante esos siete días aciagas, la demanda de servicios médicos se multiplicó exponencialmente. Los hospitales recibieron oleadas de pacientes con síntomas de golpe de calor, deshidratación severa y complicaciones en enfermedades preexistentes. Las unidades de cuidados intensivos se vieron saturadas y muchas personas no lograron acceder a atención oportuna.

Los segmentos más vulnerables de la población pagaron el precio más alto. Jubilados en viviendas sin climatización, personas con enfermedades del corazón o respiratorias y habitantes de sectores socioeconómicos bajos enfrentaron riesgos desproporcionados. La mortalidad se concentró en estos grupos.

El suceso de junio catalizó un cambio en las prioridades políticas europeas. Autoridades de salud y gobiernos nacionales reconocieron públicamente que la adaptación al cambio climático no podía esperar. Se aceleraron proyectos de infraestructura climatizada en espacios públicos, se reforzaron sistemas de vigilancia epidemiológica y se elaboraron protocolos más ágiles de respuesta ante emergencias climáticas. Europa comenzó a prepararse seriamente para un futuro de eventos extremos cada vez más frecuentes.

Imagen: Lara Jameson / Pexels – Con informacion de Clarín